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Europa, ¿solución o problema?

Por   /   Domingo, 7 | febrero | 2016  /   No hay comentarios

El innegable choque de intereses entre los partidarios de estrechar los lazos europeos y los defensores de una mayor soberanía para cada estado supone un certero reflejo de las fortalezas y debilidades del modelo al que aspiraba Europa. 

bandera UE vintage

Fuente: flickr

El proceso de construcción europea arrancó en los años 50 como antídoto frente a nuevas guerras y como modelo de desarrollo económico y social opuesto al propuesto por los países comunistas, siendo su motivación de carácter principalmente económico. Con el paso de las décadas, a las políticas económicas se le han ido añadiendo otras de tipo social, monetario o de política interior o exterior, entre otros muchos ámbitos, con el objetivo de converger paulatinamente en un mayor número de niveles, construyendo así un sistema político de tipo (con)federal con soberanías compartidas entre los estados y las nuevas instituciones europeas. Indudablemente la paz entre vecinos europeos parece haber sido asegurada y el crecimiento económico desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial ha sido espectacular, amén de los notables avances sociales y de derechos de todo tipo. El proceso de construcción europea fue sinónimo de progreso y el proyecto de una federación europea cada vez más unida en todos los ámbitos suponía un objetivo compartido (con sus matices) con amplio respaldo político y social

Sin embargo, desde el comienzo de la crisis económica y financiera de 2008, las voces y fuerzas euroescépticas o abiertamente eurófobas han aumentado de forma considerable su influencia en algunos países, culpando a la Unión Europea de gran parte de sus problemas, ya sea al situarla como origen de los mismos o al considerarla un agente incompetente para resolver sus problemas.

Ciertamente, las debilidades de la UE son evidentes y ampliamente compartidas tanto por sus detractores como defensores: opacidad y lentitud en la toma de decisiones, cuerpo legislativo complejo y farragoso, defensa de intereses de grupos de presión o ‘lobbies’, choque de intereses nacionales, exceso de burocratización, democracia de baja intensidad… Ante estas cuestiones, y a grandes rasgos, algunos partidos abogan por reducir los lazos con Europa en cuestiones como derechos sociales, libre circulación, fin de la unión monetaria o la aplicación de la legislación europea en sus países; defienden que con una menor intervención de la UE, sus estados ganarán en herramientas para afrontar sus problemas. Algunos de ellos no rechazan la pertenencia a la UE, sino que buscan reducirla a una relación únicamente económica.

Otros en cambio propugnan una profundización en las políticas de convergencia europea y en las estructuras federales, optando por una mayor cesión de soberanía de los estados hacia las instituciones europeas para afrontar los problemas económicos, políticos y sociales a través de métodos de coordinación o control compartidos.

Echando un somero vistazo a la historia reciente, parece claro que los beneficios de esta Unión Europea han sido de un carácter completamente inusitado en comparación con los anteriores siglos de guerras constantes entre naciones europeas: fondos europeos para la agricultura y ganadería, apoyo a la reconversión industrial, inversión en infraestructuras y dotaciones básicas (alcantarillado, residuos, etc.), programas educativos y de investigación, libertad de movimiento de mercancías, personas y bienes, una moneda común, entre otras muchas de las acciones llevadas a cabo. El aumento del nivel económico, social y de derechos es incontestable, aunque por el camino se hayan generado claroscuros y problemas.

Ejemplos como el estallido de la crisis financiera, la actual avalancha de refugiados hacia Europa y la amenaza terrorista del islamismo radical, dejan claro que la acción individual o poco coordinada de los estados europeos es claramente insuficiente para afrontar con garantía de éxito situaciones de emergencia que ya no tienen un carácter local, sino global y con multitud de frentes, aunque en un principio parezca que se limite a una demarcación geográfica concreta.

Por ello, me encuentro dentro del grupo de defensores de una Unión Europea que siga apostando claramente, y sin matices, por una Europa más coordinada y unida con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. No obstante, y como se mencionó previamente entre sus debilidades, esta apuesta por una UE más fuerte entraña a su vez un dilema muy delicado: ¿qué intereses primarán, aquellos que sitúan a los ciudadanos como protagonistas o los que abogan por maximizar los beneficios empresariales de los grupos de presión? Es decir, ¿una visión neo-liberal de la sociedad o una más proclive a planteamientos keynesianos?

bombillas bandera efe_efe

Fuente: EFE

Iniciativas continuamente pospuestas, como la conexión energética entre estados, la armonización fiscal o de tarifas de telefonía, o el intercambio más intensivo de información sensible que afectan a la seguridad de los estados, son ejemplos de medidas que implican un claro choque con los intereses de ciertos sectores (energético, telefonía, banca, por mencionar algunos) y que no se afrontan con verdadera seriedad hasta que no se llega una situación casi límite. Es el caso, a modo de ejemplo, de la interconexión energética entre estados, que no prosperó -y solo de manera tímida- hasta que se llegó a una situación de pre-crisis.

En un mundo completamente interdependiente, globalizado, con flujos constantes de población, bienes e información, tratar de abordar los problemas desde la óptica de un solo estado no es factible. La multitud de causas, consecuencias y actores en los problemas que encara Europa -ataques terroristas desde el exterior y por parte de sus propios ciudadanos; grandes movimientos de población por desastres naturales, causados por guerras o por la crisis económica; agentes económicos y financieros totalmente interdependientes y en constante intercambio de todo tipo de bienes y recursos- necesitan de una respuesta con visión de conjunto que apueste por una Europa moderna, pragmática, que cuente con sus ciudadanos y no deje a nadie en la cuneta.

La crisis financiera ha puesto de relieve las posibles consecuencias de que las instituciones europeas atesoren un poder de decisión tan fuerte que lleguen a marcar la pauta en las actuaciones de los gobiernos nacionales, como se pudo ver con las contrapartidas y reformas impuestas a los países rescatados financieramente. Este ejemplo puede servir para aprender de los errores y lagunas que está generando el proyecto europeo y acometer las reformes necesarias hasta encontrar un modelo de unión fiscal, monetaria, económica y social, con unas reglas de actuación transparentes y democráticas (legítimas) que realmente velen por los intereses de los ciudadanos.

A la vista de los grandes éxitos logrados durante el largo proceso de convergencia europeo desde mediados del siglo XX y a comienzos del XXI, parece lo más sensato apostar por una UE cada vez más potente pero que vaya puliendo sus múltiples carencias y desequilibrios a través de la acción coordinada de aquellos estados que quieran avanzar en la misma dirección. Para ello sería fundamental que este proceso de federalización resulte lo más pragmático y atractivo posible para que se unan el mayor número posible de estados europeos. Debido a las disparidades culturales, económicas y sociales existentes entre los distintos países que conforman Europa, la creación de una estructura típicamente federal con soluciones uniformes para todo un continente parece poco factible e injusta. Sin embargo, y en la línea de las numerosas actuaciones llevadas a cabo en los últimos años, es muy recomendable la aplicación de una legislación armonizada que asegure ciertos estándares comunes en asuntos educativos, sociales o sanitarios (siempre manteniendo el principio de subsidiaridad) y que lleve a cabo actuaciones coordinadas en clave europea. Esto podría suponer el revulsivo definitivo para que Europa llevara a cabo planes clave, a medio y largo plazo, en materias tan determinantes como la lucha contra el cambio climático (con una política energética verde verdaderamente europea), la reducción del fraude y la evasión fiscal, la derrota de las mafias y el terrorismo, y por supuesto, planes de empleo y educación que aprovechen el gran potencial europeo y palíen los desequilibrios (crecientes) demográficos.

Ya es hora de que la UE asuma un nuevo papel y ejerza con responsabilidad su enorme influencia. El proyecto europeo se tambalea por la falta de determinación política para tomar decisiones que aborden los problemas con perspectiva de futuro; algunos gobernantes -y las sociedades que los apoyan- pueden caer en la tentación de desandar el camino de la convergencia y tratar de convertir la UE en una asociación económica con acuerdos puntuales en otras materias, ante el miedo a perder un electorado que ve con preocupación un mundo que cambia muy rápido.

El tiempo dirá qué actores terminaron decantando el futuro de Europa; aunque lo más probable es que resulte una solución a medio camino que incluya más neo-liberalismo económico, una aplicación asimétrica de la legislación más polémica para retener a los estados más reacios y grandes pactos y actuaciones en aquellos apartados que generen consenso. La UE toma consciencia de la urgencia de los asuntos cuando una crisis toca directamente a sus puertas; confiemos en que más pronto que tarde Europa decida ser protagonista de su propia historia… poniendo el acento en sus ciudadanos y no atendiendo exclusivamente a algunos intereses económicos.

Vista de la Cámara durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). EFE

Vista de la Cámara durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). EFE

 

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